Enrique Escobedo
La nueva Clave Única de Registro de Población (CURP) ahora con el apellido de biométrica es uno de los sueños más acariciados de los gobiernos totalitarios. Por supuesto que el argumento del gobierno es mostrar la cara amable de esa cédula de identidad. Nos dice que es con el fin de que podamos realizar trámites de manera más fácil y expedita. También nos argumenta que así se reduce la posibilidad de la usurpación de la identidad. La realidad es que el oficialismo ya se está frotando las manos y babeando jugos gástricos, como burda caricatura de un lobo feroz, pues todo ciudadano desde el pasado 17 de julio ya es potencialmente sospechoso. Ese día entraron en vigor once decretos, 27 leyes modificadas y cinco nuevas; algunas de ellas orientadas al fortalecimiento del Estado totalitario.
Algunos de esas leyes son plausibles, estoy de acuerdo. Tal es el caso de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Pero otras como la del CURP abren la posibilidad de que el gobierno viole el artículo 16 constitucional que sostiene que el derecho a la privacidad se sustenta en que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles y posesiones. De ser el caso, debe hacerse mediante un mandato escrito por una autoridad competente que fundamente la causa legal. Por si fuera poco, el mismo artículo es la base de la protección de nuestros datos personales en posesión del gobierno o del sector privado. Pero ya no es necesaria la orden judicial a fin de ser molestados. Ahora ya cualquier funcionario puede investigarnos sin orden de algún juez.
El mayoriteo morenista en el poder legislativo se impuso. Es decir, hecha la ley hecha la trampa. Ahora las autoridades gubernamentales podrán ejercer legalmente y sin cortapisas la Ley General de Investigación e Inteligencia que en pocas palabras le otorga a la secretaría de Seguridad Pública el acceso a registros públicos y privados, incluidas las transacciones financieras y las telecomunicaciones.
Podría negarme a obtener mi nueva CURP y no es delito, pero la realidad me orillará a obtenerla si deseo gestionar cualquier trámite bancario o identificarme en alguna institución de la Administración pública. Léase, no importa hacia donde nos movamos, ya estamos atrapados y entrampados. El gobierno tendrá posesión de mis huellas dactilares, del iris de mis ojos, de mi firma electrónica y mi fotografía.
En la década de los años setenta del siglo pasado en Francia la sociedad vio el peligro que representaba que el gobierno tuviese información automatizada y privilegiada de cualquier ciudadano. Así que su Asamblea emitió las leyes que prohíben que el gobierno pueda cruzar los archivos de los ministerios del interior, del exterior, de hacienda, de educación y de salud acerca de una persona, pues de ser el caso el gobierno sabrá acerca de las simpatías políticas de ese ciudadano, qué países ha visitado, cómo está su situación fiscal, quiénes fueron sus maestros y compañeros de clase y de qué ha estado enfermo, así como de las medicinas que necesita. Desde entonces, sólo por cuestiones de seguridad nacional y mediante alguna orden jurídica, el gobierno puede ensamblar políticamente la ficha de sus ciudadanos.
Más aún, las cédulas de identificación de algunos países europeos son producto de un algoritmo. Así el número de cuenta que identifica a alguien no permite saber acerca de la fecha de nacimiento, ni su lugar de origen. En Suecia queda establecido que la protección del ciudadano es lo primero, por eso su número de identidad es un algoritmo que no revela a quien lo lea su fecha de nacimiento, ni el departamento en el que nació. Algo contrario al caso mexicano, pues nuestra cédula de identidad revela datos personales.
El 17 de julio pasará a la historia, desde mi punto de vista, como un día aciago y de triste fatalidad. Es el principio del fin de nuestras libertades y la apoteosis morenista del Estado totalitario. La historia no los absolverá.