• Autoridades federales realizaron cuatro cateos en San Pedro, Monterrey y Allende; decomisaron armas, droga, vehículos de lujo y siete tigres
Carlos Lara Moreno
Un operativo coordinado entre fuerzas federales derivó en la detención de José Antonio “N”, señalado como presunto líder de una célula delictiva dedicada al contrabando de combustible y operaciones con recursos de procedencia ilícita, durante cateos realizados en distintos municipios de Nuevo León.
La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, las investigaciones se originaron tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, caso que permitió identificar una red presuntamente dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos.
“Se obtuvo información sobre diversos inmuebles vinculados con un sujeto dedicado a la comercialización ilícita de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos”, detallaron las autoridades en el informe oficial.
Con base en los datos de prueba recabados mediante labores de inteligencia e investigación, un juez de control autorizó cuatro órdenes de cateo para intervenir domicilios ubicados en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Allende.
Durante el despliegue operativo fue capturado José Antonio “N”, de 39 años, junto con una mujer de 41 años. Además de las detenciones, las autoridades aseguraron nueve armas cortas, un arma larga, cartuchos útiles, diversas dosis de droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo y documentación relacionada con las investigaciones.
En los inmuebles cateados también fueron encontrados 11 vehículos, seis motocicletas y siete tigres, animales que quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.
Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Los inmuebles intervenidos permanecen asegurados y bajo vigilancia policial.
El Gabinete de Seguridad sostuvo que este tipo de acciones buscan afectar las estructuras financieras y operativas de los grupos criminales relacionados con el tráfico ilegal de combustibles, delito conocido como “huachicol fiscal”, que en los últimos años ha representado pérdidas millonarias para el erario y ha ampliado las redes de operación del crimen organizado en el norte del país.
