La crisis migratoria se ha recrudecido en el sur de México con la formación de nuevas caravanas y su disolución por parte de las autoridades, unos hechos condenados por la ONU que cuestionan el discurso oficial del Gobierno mexicano de respeto a los derechos humanos.

En la última semana, un total de tres caravanas de migrantes con centenares de personas -en su mayoría haitianos, venezolanos y centroamericanos- partieron en diferentes días desde la fronteriza ciudad de Tapachula hacia el norte.

Pero las tres fueron desmanteladas por agentes de seguridad mexicanos tras avanzar unas decenas de kilómetros por el mismo estado de Chiapas, que se ha convertido en un dique.

Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podamos y al mismo tiempo seguimos insistiendo con el Gobierno de Estados Unidos para que se atienda lo más pronto posible (…) y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos”, afirmó este jueves el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que retener a los migrantes en el sureste del país les evitaba peligros a lo largo del trayecto, en un momento en que la región vive una ola migratoria sin precedentes.

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