Paco Ramírez / @ramirezpaco

Si hablamos de inseguridad, no vemos para cuando calmar esta guerra por el control de plazas en la que auténticamente vivimos desde hace ya varios años.

Si lo del culiacanazo nos había dejado con la espina clavada y la duda “razonable” sobre quien manda en Sinaloa (solo por no decir en México), lo ocurrido la semana pasada fue un abierto desafío al Estado mexicano, como para decir aquí mando yo.

Vivimos bajo una administración caracterizada por las señales que permiten advertir las rutas por las que ha decidido transitar, desde su campaña presidencial, anunció que no saldría a aprehender narcos, en un afán por querer desmarcarse de la guerra iniciada por Calderón.

Ya como Presidente, insistió en que no perseguiría la violencia con más violencia y reiteró: “no se han detenido a capos porque no esa nuestra función principal” “sino garantizar la seguridad pública” “Oficialmente ya no hay guerra”.

Y ya le digo 2019 el año más violento desde que se tiene registro y este 2020 no pinta mejor.

En octubre de 2019, el penoso episodio de la liberación de Ovidio Guzmán.

A este escándalo se han sumado en los últimos días otros no menos sonados y que demuestran que los capos de la droga, principalmente del Cártel de Sinaloa, están empoderados y operando a sus anchas:

Nos referimos a la Boda de Alejandrina Guzmán, la hija del Chapo, con Édgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares Salazar, la “Emperatriz” del narco, vinculada con Ismael Zambada. La escena, inimaginable y es que miembros del Cártel de Sinaloa prácticamente sitiaron la ciudad para que nadie osara molestarlos y así fue.

Ninguna autoridad se “enteró”, vamos ni el presidente, entonces ¿qué información le da su gabinete de seguridad? y si me apuran ¿que no leen periódicos o ven redes sociales?

¿Que nadie sabía que estaba ocurriendo? Medio cártel de Sinaloa por lo menos, en un solo lugar y nadie movió un dedo, sin duda una abierta colusión de todos los niveles de gobierno y para rematar 4 días después fuga del Reclusorio sur,  tres reos ligados al mismo cártel, esperaban extradición a Estados Unidos, los tres salieron prácticamente caminando, ¿Colusión? ¡Cómo cree!

Y un día antes de la boda, un juez federal otorgó la libertad bajo fianza a Raúl Villa Ortega, alias “El R”, presunto sicario de los Beltrán Leyva, vinculado con la masacre de 24 personas en Huixquilucan, Estado de México, en 2008.

El gobierno culpando siempre al pasado de los estragos de la guerra contra el narco, pero esta política de no tocarlos, está causando más violencia.

Algo huele mal en un régimen tan complaciente con las verdaderas mafias y si le agregamos que  la guardia nacional es hasta hoy inoperante, rebasada por la delincuencia organizada y como ejemplo Guanajuato y Michoacán.

Hay una asignatura pendiente y una promesa incumplida, garantizar la seguridad.

Pregunto: ¿Pues de qué lado está el gobierno?

¿Quién pone orden en la casa?

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