- La funcionaria detalló que se sigue trabajando para evitar la corrupción por lo que suman 517 denuncias penales ante la FGR
Carlos Lara Moreno
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que durante los primeros dos años de la actual administración federal fueron sancionados 4 mil 193 servidores públicos y se presentaron 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por conductas que podrían constituir delitos.
Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que entre las principales irregularidades detectadas se encuentran pagos indebidos, sustracción de información, autorización de pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados, compras injustificadas, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.
“Tenemos 4 mil 193 servidores públicos sancionados en esta administración”, señaló Buenrostro.
Del total, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.
La secretaria explicó que los expedientes relacionados con faltas graves deben ser enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), debido a que su dependencia no tiene facultades para imponer directamente esas sanciones.
En este rubro, informó que mil 737 servidores públicos han sido remitidos al Tribunal, de los cuales 87 ya fueron notificados de una sanción y mil 650 permanecen en proceso.
FGR recibe 517 denuncias contra servidores públicos
Buenrostro agregó que cuando una falta administrativa también puede constituir un delito, la Secretaría presenta la denuncia correspondiente ante la FGR.
“En este periodo de dos años se han presentado 517 denuncias de servidores públicos, de los cuales 53 han sido vinculados a proceso”, indicó.
Los principales delitos identificados en esos expedientes son enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
La funcionaria presentó como ejemplo un caso relacionado con la extinta Policía Federal, donde en 2015 se contrató un servicio de inteligencia por 130 millones de dólares.
Posteriormente, explicó, se gestionaron 65 millones de dólares bajo el concepto de gastos de seguridad nacional, recursos que habrían salido del erario sin que fueran aplicados al contrato.
“El dinero sí sale, pero el contrato no se paga”, expuso Buenrostro.
Por este caso, dijo, fueron emitidas sanciones de entre 15 y 20 años de inhabilitación contra funcionarios de la entonces Policía Federal y se reclama la reparación del daño por los 65 millones de dólares.
El expediente también fue denunciado ante la FGR.
Detectan pago anticipado por 73.6 mdp en contrato de frijol
Buenrostro también dio cuenta de una investigación realizada en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sobre un contrato para producción y envasado de más de 2 mil toneladas de frijol.
El contrato ascendía a aproximadamente 80 millones de pesos, pero se habría realizado un pago anticipado de 73.6 millones, pese a que el servicio nunca fue prestado.
“Los servicios nunca se pagan de manera anticipada; se pagaron anticipadamente y el servicio nunca se dio”, afirmó.
En el caso están involucrados nueve servidores públicos y un particular. El expediente fue remitido al TFJA y también existe una denuncia penal.
Investigan reetiquetado de medicamentos oncológicos
Otro de los casos presentados corresponde al ISSSTE, donde fueron detectadas personas que presuntamente reetiquetaban cajas de medicamentos, principalmente oncológicos, dentro de un almacén rentado a un particular.
Buenrostro señaló que en los hechos estaban involucrados servidores públicos y personas externas.
“No existe ninguna justificación para etiquetar los medicamentos, menos en un almacén público y menos sin documentación”, afirmó.
La denuncia penal fue presentada en 2025 y, en febrero de 2026, se integró también una falta administrativa grave por abuso de funciones y daño patrimonial.
Sancionan a 286 empresas y particulares
La secretaria reportó además sanciones contra 286 personas morales por irregularidades en contrataciones públicas.
Entre las conductas detectadas se encuentran presentación de documentación falsa, incumplimiento en la entrega de bienes o servicios, simulación de experiencia técnica, falsificación de capacidades financieras y ocultamiento de conflictos de interés.
De los 286 sancionados, 222 fueron inhabilitados y multados, mientras que 64 recibieron únicamente multas.
Las sanciones económicas alcanzan 147.3 millones de pesos.
Buenrostro agregó que también fueron sancionados 51 particulares en materia de protección de datos personales, con multas por hasta 118.5 millones de pesos.
Prevención genera ahorros por casi 84 mil mdp
Tras detallar las sanciones y procedimientos, Buenrostro sostuvo que el mayor impacto económico de la dependencia se encuentra en la prevención de irregularidades.
La Secretaría calcula ahorros por casi 84 mil millones de pesos durante los primeros dos años de gobierno.
De ese monto, 29 mil millones derivan de mejoras en compras públicas; 42 mil millones, de supervisión de contratos y prevención de sobrecostos; 7 mil 800 millones, de la reorganización de estructuras gubernamentales, y alrededor de 4 mil 800 millones, del seguimiento a sanciones de servidores públicos y proveedores.
“La cantidad más fuerte de dinero se observa en la prevención, que son los casi 84 mil millones de pesos”, sostuvo.
La secretaria aseguró que las denuncias oportunas permiten intervenir antes de que se concrete un posible daño al erario.
“Cuando participamos antes de que el delito se cometa, nos logramos ahorrar el dinero y ese dinero no se malgasta”, concluyó.
