Rafael Lulet 

¿Cuántas veces te has encontrado con un anuncio ya sea en periódicos o portales de búsqueda de trabajo en donde poco a poco te van limitando la oferta laboral?, prácticamente parece burla, pero cada vez, entre que los empleadores piden vasta experiencia en un puesto pero con una corta edad, y por otro lado, estableciendo un tope en los años productivos de una persona, dejando a un lado no solo a los jóvenes adultos sino a los de tercera edad, violando uno de los derechos humanos mencionados en la Convención Interamericana el cual habla sobre la discriminación. 

El tope máximo de edad sobre ofertas laborales en la actualidad es de hasta 55 años, en algunos casos, pero en otros, dependiendo de la profesión encontramos el tope desde los 35 o 40 años, dejando por completo a un lado a los de más de 60, donde podríamos ubicar a los adultos mayores quienes deben conformarse con cualquier tipo de empleo sin importar la experiencia laboral o la formación académica, que en muchos sobresalen sobre algunos jóvenes profesionistas.  

Es así como el pasado jueves 29 de septiembre se hace una reforma al artículo 123 de la constitución, para prohibir el límite de edad en cualquier oferta laboral y es que en un 90% de las propuestas de trabajo en el país, rechazan a personas a partir de 35 años, durante el reclutamiento y en otros casos desde su inicio, prevaleciendo el perfil más recurrido por las empresas inclusive las dependencias gubernamentales jóvenes de 28 años con licenciatura agregando a ello de 3 a 5 años o más de experiencia. 

Iniciativa presentada por la diputada Julieta Ramírez Padilla, donde hizo hincapié el rechazo a las adultas mayores, agregando no solo la existencia del rechazo a ese universo sino aquellos quienes tienen 35 años en adelante, esperando con ello, según la legisladora, dar un beneficio a un amplio sector de la población, “Su exclusión laboral es motivada simplemente por estigmas y prejuicios que terminan provocando pobreza e inseguridad económica”, así lo compartió en pleno Ramírez Padilla. 

La reforma modifica la fracción tercera del artículo 123 constitucional, en referencia a las empresas privadas, quedando el texto de la siguiente manera: “Una vez cumplidos los dieciocho años, no podrá establecerse un límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo, salvo los casos plenamente justificados”, también sufre cambios la fracción VII del apartado B, del mismo precepto antes mencionado donde se regula al sector público, quedando: “En ningún caso podrá establecerse una restricción de edad máxima para el acceso o continuación de un encargo del sector público”. 

Por su parte, la diputada Genoveva Huerta Villegas, enfatizó garantizar el acceso y permanencia al empleo, pero, aunque la reforma es un gran logro laboral no es suficiente, mientras los empleadores no hagan conciencia y sobre todo de los efectos constitucionales que puede acarrear a futuro el incumplimiento de la carta magna y la discriminación a las personas ante las ofertas laborales, porque también se deben considerar que el 67% de los ingresos en los hogares mexicanos provienen de un empleo y al negarles la oportunidad de ellos, impactan no solo al candidato a un puesto sino a todos los integrantes de la familia. 

Por otro lado, la Diputada Karla María Robledo, mencionó sobre el maltrato y la discriminación los cuales sufren las personas adultas mayores al rechazo de una oportunidad laboral, y en ese sentido mejorar su nivel de vida, por ello la necesidad de actualizar la carta magna en favor de ese sector de la población y evitar la desprotección en sus derechos fundamentales y las de sus familiares, todo bajo una perspectiva de progresividad.