- Interponen colectivos dos recursos legales en contra de cinco megaproyectos de 4T. La defensa del patrimonio originario es accidentada, tortuosa y difícil. Las leyes ignoran formas de convivencia y existencia de autóctonos
- En el Poder Judicial, no hay jueces que comprendan su lengua. Esperan originarios continuar jurídicamente contra AMLO y 12 de sus funcionarios
Guillermo Pimentel Balderas
A pesar de que la vía jurídica no es una gran esperanza para los habitantes de los pueblos originarios del país, lamentablemente es una necesidad recorrerla pues las leyes que, están construidas, se hicieron desde una perspectiva y visión occidental y no miraron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas.
Además, en el Poder Judicial no hay presencia de indígenas ni jueces que comprendan su lengua, por lo que, la defensa de su territorio la tienen que hacer de diferentes maneras, incluyendo, el camino jurídico, que es accidentado, tortuoso y difícil.
Tanto es así que, el presidente de la 4T en su mensaje de inicio de la obra del Tren Maya, en su primer tramo Palenque-Escárcega que, abarca 228 kilómetros de vía, a mediados de junio de este año, afirmó que, este momento, es un acto de reivindicación para el sureste: “No vamos a saquearlo ni a verlo como tierra de conquista, sino como lugar de oportunidades y progreso, respetando sus recursos naturales”.
Asimismo, en el banderazo al inicio de las obras del Tramo 2 del Tren Maya (a inicios de junio del presente año), que correrá de Escárcega a Calkiní, en Campeche y que estarán a cargo de Operadora CICSA, y la española FCC Construcción (propietario y socio) de Carlos Slim, López Obrador, más preocupado por “el desarrollo” que, por el entorno indígena, dijo que, a pesar de los pesares, hay que ir hacia la nueva normalidad. “No podemos quedarnos todo el tiempo en la inmovilidad, tenemos que ir hacia adelante poco a poco”, sentenció.
Sin embargo, integrantes de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal y del Concejo Indígena de Gobierno, demandaron al Estado Mexicano -que encabeza Andrés Manuel López Obrador-, e interpusieron dos recursos legales-jurídicas contra la construcción de cinco megaproyectos: Tren Maya, Corredor Interoceánico, Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, Refinería Dos Bocas y Proyecto Integral Morelos (PIM).
En entrevista con este reportero, Víctor Rogelio Caballero Sierra, del Colectivo Aequus. Promoción y Defensa de Derechos Humanos, explicó que los representantes de estos colectivos emitieron una demanda a través de un amparo indirecto, interpuesto ante el Juzgado Decimoquinto de la Ciudad de México.
“Se trata –precisó- de recursos legales integrados por graves violaciones a Derechos Humanos en el ejercicio de acciones generadas al interés difuso colectivo. Así mismo, se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó.
Aclaró que, según estos recursos legales, los megaproyectos violan diversos derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otras disposiciones, nacionales e internacionales, aplicables y que, son imputados de manera integral al Estado Mexicano.
Por su parte –por separado-, Pedro Regalado Uc Be, defensor del territorio maya, afirmo que la vía jurídica no es la gran esperanza para los habitantes de los pueblos originarios, pues lamentablemente, es una necesidad recorrerla.
También, deploró que las leyes no contemplaron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas; inclusive, condenó que en el Poder Judicial no hay presencia de indígenas ni jueces que entiendan su habla.
Dijo que para defender el territorio se tendrá que hacer de diferentes maneras, incluyendo un recorrido jurídico accidentado, tortuoso y difícil.