Rafael Lulet
Todo tratado de libre comercio internacional tiene como beneficio, la expansión de mercados para intercambiar productos y servicios, como conocimiento básico en economía, cada nación debe pagar ciertos aranceles si quiere colocar sus mercancías en otro país, además ajustarse a las regulaciones normativas en ese territorio, ya sea ambientales si el artículo puede afectar ecológicamente, médicos o alimenticios o de otra naturaleza, a parte el respectivo impuesto de importación entre otros trámites e inclusive en aspectos de propiedad intelectual.
Para el establecimiento de un tratado comercial se deben de ajustar ciertos puntos normativos entre los países implicados de tal forma que se puedan homologar para tener tanto una certidumbre como una rapidez en cada parte comercial, es por ello las adecuaciones a los sistemas jurídicos, por ejemplo, para resolver conflictos cuando las partes son de diferentes países, el arbitraje es un mecanismo muy recurrido y preferente para ello. También se encuentra las regulaciones cuando se maneja la importación o exportación de alimentos, medicamentos, materias primas donde encontramos el acero o los hidrocarburos, pero igual están los diferentes tipos de maquinarias industriales, automotriz u otros más.
Es claro, que si un país incumple con lo establecido en las cláusulas habrá una sanción al respecto, esto es básico, porque, tan sencillo retomar cualquier tipo de contrato de uso común como podría ser uno de arrendamiento o de compra venta, quien incumpla con no pagar lo pactado o incumplir con lo establecido deberá pagar las consecuencias, y si no existe una negociación para resolver las controversias, deberán de recurrir ante un tercero para resolverlo, en el caso de las normas locales se encuentran directamente los tribunales pero cuando una de las partes es extranjera, existen diversos foros internacionales para dar soluciones, tales como las cámaras de comercios por ejemplo.
En el caso del gobierno de López Obrador, al querer hacer lo que le da la gana con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), deberá ajustarse a las consecuencias, un claro ejemplo es el reclamo contra la política energética de la administración federal mexicana, la cual viola el capítulo octavo de dicho documento internacional por querer beneficiar a las centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reforma establecida en marzo del 2021, donde se establecen la revocación y rechazos de nuevos permisos de generación eléctrica y almacenamiento petrolíferos, además de impedimentos a las operaciones de estaciones de servicios e importación de combustibles vía la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como de la Secretaría de Energía.
Estados Unidos cuestiona la regulación donde beneficia solamente a Pemex con extensiones de plazos para cumplir con la Norma Oficial Mexicana sobre los límites de contenido de azufre al diésel denominada como NOM-016-CRE-2016, sin mencionarse también al gas natural donde la misma CRE obliga a los usuarios de transporte a comprarle únicamente a las filiales de la CFE, esto, se veía venir desde el momento que la actual administración Obradorista, por caprichos suyos ha querido establecer cambios y medidas de forma unilaterales, sin considerar los perjuicios a mediano o largo plazo, alegando “compló” conservador cuando se le contradice pese a proporcionar fundamentos para tales opiniones.