Enrique Escobedo 

El cinismo político se define como la actitud o tendencia de los gobernantes a enmascararse con la verdad y la honestidad y, mediante la hipocresía, se aprovechan de la credulidad y confianza de sus seguidores a fin de justificar sus acciones y expresarlas con argumentaciones burlonas, burdos sarcasmos y grotescas ironías. Cuando un gobierno actúa cínicamente lo hace porque sabe que su incompetencia e impotencia a fin de más o menos cumplir con lo prometido en campaña no lo realizará. Un gobierno cínico es aquel que culpa al pasado, que inventa enemigos, que divide a la sociedad y que al amparo de argucias legaloides encubre sus errores. 

Tal es el caso del Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre del presente, mediante el cual se instruye e las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a considerar de interés público y de seguridad nacional asuntos prioritarios y estratégicos en favor del desarrollo nacional. Dicho Acuerdo tiene en su sección de “considerandos” que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura. Lo cual estoy de acuerdo, pero ese argumento no es la base que le permite a un gobierno ser opaco, no ser transparente y mucho menos omitir la rendición de cuentas respecto a los costos de las obras, a quien se le otorgan los contratos y la evaluación previa de la relación costo – beneficio. 

Es cierto que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé en su Título Sexto los casos de información tipificada en Clasificada o Reservada o Confidencial. Aún más, el articulo 113 fracción I precisa que puede reservarse total o parcialmente información que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y “cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable”. Lo cual no ocurre así en el mencionado Acuerdo. 

Ya Carlos Ramos Padilla y Jorge Gaviño, editorialistas de Impar demostraron en otros artículos que un Acuerdo no puede estar por encima de las leyes y precisaron que el artículo tres de la Ley de Seguridad Nacional, que enmarca las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, no contempla los argumentos del Acuerdo. Incluso, Ramos Padilla y Gaviño fueron contundentes al aclarar que la obra pública y las licitaciones deben estar sujetas a la transparencia y la rendición de cuentas, pues de otra manera se abre el espacio de la opacidad con sus consecuentes contubernios de posible corrupción.   

Decretar la inconstitucionalidad o no del Acuerdo, en términos jurídicos, será responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero concluir que estamos gobernados por una caterva de cínicos es también preocupante y peligroso, pues queda claro que la ley les estorba y que la interpretan tan laxamente que mañana corremos el riesgo de que se acuse a cualquier ciudadano de atentar contra la seguridad nacional si acaso se atreve a discernir del actual gobierno.