Enrique Escobedo
La Constitución mexicana establece que en su artículo 54 que ningún partido podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios (uninominales y plurinominales). Pero ahora Morena, el PT y el Verde quieren tener el 70% de los diputados no obstante que no registraron candidaturas por partido, pues lo hicieron como coalición. Es decir, se equivocaron de estrategia y ahora niegan el 47% de los sufragios obtenidos por el PAN, el PRI y el PRD. No es cuestión menor el tema, pues si el gobierno se sale con la suya, queda claro que será a todas luces un gobierno espurio, ilegitimo y contrario a los derechos de las minorías.
Las minorías, en efecto, perdieron y el triunfo de la señora Sheinbaum ya es un hecho. Fue un triunfo muy desaseado, ya que el presidente López Obrador la placeó antes de lo establecido por los tiempos electorales, recurrió a las conferencias mañaneras a fin de incidir en la votación y, a través de sus servidores de la nación, recurrió al chantaje de que, si no se votaba por Morena, se perderían los programas sociales. En pocas palabras, fue una elección de Estado.
El caso es que estamos frente a un posible fraude electoral de sobre representación del mayoriteo. Estamos a punto de ser víctimas de la aplanadora de un partido de Estado proclive a desaparecer nuestros derechos. Su idea es que las minorías queden marginadas y no tengan injerencia ante el totalitarismo morenista.
La acepción minorías en la democracia es muy amplia. Aplica, por un lado, a grupos raciales, étnicos, de clase, de religión, lingüísticas o de edades por citar algunos ejemplos. Por el otro, se refiere a los partidos políticos que perdieron en la contienda electoral, pero obtuvieron un número suficiente de sufragios que les permiten mantener sus derechos, obligaciones y responsabilidades ante sus representados, ante la ley y ante el Estado. Con lo cual su voz puede y debe ser escuchada por las mayorías. Es una consigna política civilizatoria que sostiene que “no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes”. De ahí que el espíritu constitucional invoca a que, si un partido político obtuvo más del tres por ciento de sufragios, tiene derecho a inmiscuirse en la redacción de leyes, debatir y, en su caso, enriquecer los textos legales, pues la idea es que sean estatutos incluyentes. Entre más consenso tenga una ley, más población queda protegida y amparada. A la vez, entre menos debate y consenso tenga una ley, marginará a más población y tenderá a favorecer el pensamiento unidimensional y monotemático. Se podrá argumentar que es una prerrogativa de la mayoría, pero lo que acaba prevaleciendo es un mayoriteo de partido hegemónico y totalitario.
La sobre representación que desea Morena y sus partidos satélites es a todas luces ilegal. El PAN, por ejemplo, obtuvo más votos que el Verde y, sin embargo, el presidente López Obrador insiste en que los “ecologistas” tienen derecho a tener más diputados que los blanquiazules. No, no soy panista, ni milito en algún partido político. Léase, ante todo soy un demócrata y creo en la cultura de la legalidad.
No me sorprende que Morena y abyectos insistan en violar la Constitución, lo que asombra es que las instituciones responsables de mantener la legalidad, la imparcialidad y la impartición de justicia se queden calladas ante la injusticia y el advenimiento del autoritarismo. Si acaso el trinquete Morena, PT y Verde se sale con la suya, México será el país de un solo hombre que impuso el Maximato y nos regresó al partido de Estado.
