Bernardo López 

Es nuestro deber como ciudadanos apoyar a los organismos autónomos, pues de ellos dependen los contrapesos que se requieren para evitar abusos de los poderes legítimos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

La semana pasada hubo tres eventos que muestran una luz al final del túnel, en el proceso de maduración de la democracia de México: anulación de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados para el partido que obtenga la mayoría de votos; la invalidación de candidaturas de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero; y la inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. 

El Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) dieron el ejemplo de cómo se debe aplicar la ley y ser contrapeso de los abusos de poder: como la presión que ejerció el presidente López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral, para que aprobaran las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón; o de la iniciativa promovida por el Congreso de la Unión, para obligar a todas las personas a que entreguen todos sus datos biométricos, so pena de perder el servicio de telefonía. 

Esperemos que todos los casos que lleguen a estas instituciones apliquen los mismos pesos y medidas para todos los ciudadanos, sin importar que filiación tengan, pues de eso dependerá que se les pueda considerar por encima de los intereses políticos que siempre buscan inclinar la balanza a su favor. 

Aún tengo confianza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esté la altura de resolver el problema de la extensión de mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, pues esta institución ya dio muestras de que puede equilibrar las fuerzas para dar soluciones que no son cien por ciento acordes a los designios del Ejecutivo, pues la Corte no le dio luz verde a su consulta para enjuiciar a los expresidentes, aunque sí le permitió hacerla con una pregunta diferente. 

También la SCJN tiene en sus manos decidir la inconstitucionalidad del Padrón de celulares, que pone en peligro la presunción de inocencia, la protección de datos personales, además que la medida de entregar los datos biométricos a cambio de una línea telefónica es desproporcionada. 

Existe otro caso que debería ser analizado por el INAI, y que también aborda el tema de los datos biométricos: las apps de los bancos, pues estas empresas se la pasan acosando a los usuarios para que los entreguen o los amagan con retirarles el servicio si no lo hacen. Ojalá los comisionados puedan atender esta queja que hago como ciudadano. 

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