- El Gobierno federal busca acuerdos con taxistas para reducir los costos de traslado; sin embargo, denuncias recibidas en PerspectivasMX apuntan a funcionarios que presuntamente han frenado alternativas para ofrecer un servicio más económico mediante aplicaciones
La inconformidad de los usuarios por las elevadas tarifas de transporte en los aeropuertos del país llegó nuevamente a la conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que los precios que cobran los taxis autorizados en las terminales aéreas son excesivos y anunció que el Gobierno federal mantiene mesas de trabajo para buscar alternativas que permitan mejorar el servicio y reducir los costos.
Durante su conferencia de este miércoles 11 de noviembre, la mandataria informó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Tania Carro Toledo, sostiene conversaciones con los gremios de taxistas para alcanzar acuerdos que beneficien a los pasajeros.
“Está trabajando, muchos son federales, está trabajando la subsecretaria de Transporte de la SICT para poder garantizar mejores tarifas en diálogo con los taxistas de los que llegan a los aeropuertos, porque en efecto, son muy altas”, reconoció Sheinbaum.
El problema, sin embargo, va más allá de las tarifas. Desde hace tiempo, los pasajeros enfrentan restricciones para abordar vehículos solicitados mediante plataformas digitales, una situación que ha generado controversias entre los prestadores tradicionales del servicio y las empresas que buscan competir con opciones tecnológicas y, en algunos casos, más económicas.
Pero hay otro asunto que merece atención.
A la redacción de PerspectivasMX han llegado denuncias de empresas transportistas que aseguran haber intentado implementar alternativas para reducir los costos de traslado mediante el uso de aplicaciones, sin que hasta ahora hayan encontrado respuesta favorable de las autoridades aeroportuarias. Los señalamientos apuntan a presuntos obstáculos administrativos y a la falta de disposición de funcionarios para facilitar nuevos esquemas de operación.
Entre los nombres mencionados se encuentra el del capitán Maximino Galindo Marín, quien se desempeñó como subdirector de Terminal y supervisor de Transportación Terrestre. De acuerdo con las denuncias recibidas, su actuación habría representado un obstáculo para las empresas interesadas en ofrecer alternativas de transporte. También se señala que fue cambiado de adscripción tras cuestionamientos sobre presuntas malas prácticas, aunque este señalamiento requiere una explicación oficial que permita conocer las circunstancias de su movimiento y su actual responsabilidad en otra terminal aérea.
Otro de los nombres que aparece en estas inconformidades es el de Alejandra Mendieta Bustos, titular de la Dirección Jurídica del aeropuerto, cuya intervención también es cuestionada por quienes aseguran haber encontrado dificultades para desarrollar estos modelos de servicio.
Por supuesto, se trata de señalamientos que deben ser aclarados por las autoridades y frente a los cuales los funcionarios mencionados tienen derecho de respuesta. Sin embargo, resulta indispensable que la SICT y las administraciones aeroportuarias revisen qué está ocurriendo en sus instalaciones.
Si el Gobierno federal realmente pretende ofrecer mejores tarifas, no basta con sentar a los taxistas a negociar. También debe revisar las condiciones de competencia, eliminar posibles prácticas discrecionales y garantizar que ninguna autoridad utilice su cargo para impedir la entrada de alternativas que podrían beneficiar directamente a los usuarios.
La pregunta es sencilla: ¿quién está interesado en que los pasajeros sigan pagando tarifas elevadas y quién está poniendo obstáculos a quienes pretenden ofrecer un servicio más barato?
Porque de poco servirán los anuncios de la mañanera si, en los aeropuertos, las cosas siguen funcionando bajo las mismas reglas y con los mismos intereses de siempre.