Rafael H. Rivera Puebla
El Sistema de Protección Civil, tanto nacional como estatal y municipal, parece que se encuentra desarticulado, a pesar de que en los marcos legales quedara aparentemente normado.
Por un lado, se establece que formarán parte del Sistema, todos los actores, públicos, privados y sociales quienes se articularían con un fin común que es tanto la prevención de desastres como la atención de las emergencias.
Para cumplir con este fin cada uno deberá realizar las tareas que son de su ámbito de competencia y con ello, se tendrían cubiertas las acciones de prevención, atención y restablecimiento (en su forma más simple de acción).
El problema radica en que la Coordinación Nacional, no se articula de manera directa con los sistemas estatales, y pretende en algunos casos incidir con los municipales; por otro lado, la desconfianza de los estatales con los municipales, centralizando acciones, dejando a un lado a los últimos.
En la práctica de la Protección Civil, se busca reducir el impacto de los fenómenos perturbadores sobre los sistemas afectables, y todos buscan el mismo fin y para ello, lo ideal sería a través del fortalecimiento de los sistemas municipales.
Las Unidades Municipales, por su conocimiento territorial, estarían en mejores condiciones de generar y operar planes y programas preventivos y de atención a desastres sin embargo, los presupuestos y las prioridades políticas han ido reduciendo de manera progresiva su capacidad de respuesta.
No es tarea fácil repensar y darle una nueva forma operativa a las acciones que cada vez más reclama la población para su atención y solución a sus inquietudes, la fórmula se encuentra en empezar a construir como se debe, desde los cimientos.
