Rafael H. Rivera Puebla
La inclusión se ha presentado casi como una moda en cada uno de los aspectos de la generación de política pública, sin embargo, en la gestión Integral de Riesgos, pareciera ser que se debiera abordar desde un punto de vista diferente.
En sí, prácticamente la operación de la Gestión Integral de Riesgos es incluyente, ya que los planes y programas que se derivan de sus funciones, integran a toda la población vulnerable a cualquier tipo de calamidad que se presente, por lo que diferenciar por cada segmento de la población los procedimientos de emergencia, así como todo lo que conlleva la prevención, pareciera ocioso.
Cabe hacer mención, que, en algunos foros, incluso, se llegó a plantear la necesidad de establecer “cuota de género” en la conformación de Brigadas de Protección Civil de los inmuebles, siendo que éstas se integran con personal voluntario y el interés no se puede obligar para “cumplir por cumplir”.
A pesar de todo ello, se debe tener en cuenta que existe población vulnerable que ha sido invisibilizada como es el caso de las Personas con Discapacidad y que los actuales Términos de Referencia para elaboración de PIPC, obligan a incluir procedimientos de emergencia conforme la Norma vigente.
En fin, la inclusión, al menos en la Gestión Integral de Riesgos, debe verse no como un tema de género, es más un tema de visibilización social de la población vulnerable como lo sucedido en 1985 con las costureras y ahora se suma la población con discapacidad, por lo que va más allá del discurso ya que se busca salvar vidas.
No se trata de hacer Términos de Referencia para cada grupo vulnerable, si no que los colectivos tomen consciencia de que esta actividad en su operación no distingue géneros.
