Rafael H. Rivera Puebla
En nuestro país, casi desde la llegada de la Protección Civil, se ha tenido una gran disyuntiva, en cuanto a las actividades que debiera tener si normativa u operativa.
El Sistema Nacional de Protección Civil, se plantea de manera preventiva y normativa, dando bases para que se pudiera integrar en el Sistema de manera modular cada una de las áreas operativas del gobierno para accionar en caso de emergencia, siniestro o desastre, quedando el personal operativo de la Protección Civil, como un articulador de esfuerzos.
Con la implementación de las UPC´s municipales y al no tener sistemas de respuesta a emergencias articulados, se encontró la fórmula de integrarlos bajo la Protección Civil, tal y como se veía que sucedía en otras latitudes, sin importar que aquellos tuvieran marcos jurídicos con distintos alcances que los de nuestro país.
Hemos transitado por más de 30 años desde la publicación de las Bases para la Creación del SINAPROC, sin haberla podido implementar al 100% y ahora en tránsito a una nueva forma de conceptualizar y manejar tanto riesgos como su manejo y seguimos sin definir la actuación de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos.
Por un lado, la Ley en la materia establece sus funciones, se describen en el reglamento y en la operación cotidiana, cada alcaldía les da funciones operativas de primer contacto ante cualquier emergencia, siniestro o desastre.
En fin, ahora que se da la renovación del Congreso de la Ciudad, sería un buen momento de que la Comisión de Protección Civil deje de ser una cuota partidista y busque realmente resolver y dar certeza jurídica si va a ser operativa, que quede claro y sin interpretaciones.
