EU acusa al cártel de financiar campañas y obtener contratos públicos.
Carlos Lara Moreno
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al gobierno de Estados Unidos entregar pruebas sobre los presuntos vínculos del Cártel del Noreste con autoridades municipales, campañas electorales y contratos de obra pública en la frontera norte de México, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense revelara una red de empresas presuntamente utilizadas por la organización criminal para financiar actividades ilícitas e influir en decisiones gubernamentales.
Durante su conferencia Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las sanciones financieras impuestas por Washington no constituyen, por sí mismas, pruebas suficientes para acreditar vínculos con la delincuencia organizada, por lo que insistió en la necesidad de compartir información que permita abrir investigaciones penales en territorio mexicano.
“Lo que hemos dicho siempre es: dennos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas, porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, enfatizó.
El posicionamiento presidencial surgió después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciara el 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas con el Cártel del Noreste, a las que atribuye operaciones de lavado de dinero, financiamiento de campañas políticas y obtención irregular de contratos gubernamentales.
EU señala infiltración del narco en elecciones y contratos públicos
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, una de las empresas señaladas es Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), vinculada con el empresario Gamaliel Garza García, que presuntamente fue utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por el Cártel del Noreste.
La OFAC también sostiene que la constructora obtuvo contratos gubernamentales mediante prácticas de corrupción y posteriormente subcontrató a personas relacionadas con la organización criminal.
Entre las administraciones mencionadas por las autoridades estadounidenses figuran el gobierno municipal de Nuevo Laredo y el gobierno de Tamaulipas.
Al ser cuestionada sobre la existencia de informes de inteligencia mexicana que corroboren las acusaciones, Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisa los movimientos financieros de las personas y empresas sancionadas para determinar si existen irregularidades que justifiquen el congelamiento de cuentas en México.
“En algunos casos los acompañamos cuando se informa a la UIF y encuentra que hay irregularidades, se acompaña este congelamiento de cuentas o esta inmovilización de cuentas. En otros casos, cuando la UIF no encuentra pruebas, no se acompaña”, explicó.
Sin pruebas de vínculos criminales, sostiene Sheinbaum
La presidenta puntualizó que su administración requiere elementos que permitan demostrar la relación de las personas investigadas con organizaciones delictivas, más allá de las operaciones financieras consideradas sospechosas.
“En general esa información no la proveen. Entonces, en el momento en que la provean se abre una carpeta de investigación en el país para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía”, sostuvo.
Precisó que, cuando la UIF detecta irregularidades financieras, tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de realizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades penales.
Sin embargo, respecto a los señalamientos específicos contra el Cártel del Noreste, indicó que la información recibida de la Secretaría de Hacienda no acredita hasta ahora los presuntos vínculos con la organización criminal.
“En particular, en este caso, la UIF, hasta donde me han informado de la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, manifestó.
La declaración presidencial contrasta con los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, que sostiene que el Cártel del Noreste ha diversificado sus operaciones financieras mediante empresas de construcción, transporte, energía y actividades relacionadas con carreras de caballos.
El gobierno de Estados Unidos considera que estas actividades forman parte de una estructura de financiamiento que permite a la organización criminal mantener sus operaciones e influencia económica y política en la región fronteriza.
De esta manera, mientras Washington sostiene que existen redes empresariales utilizadas para financiar campañas y obtener contratos públicos en beneficio del Cártel del Noreste, el gobierno mexicano condiciona la apertura de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado a la existencia de pruebas que respalden esas acusaciones, sin descartar acciones legales cuando se detecten irregularidades financieras.
