- Campesinos alertan que litigio por Monte Calvario puede escalar a violencia
Carlos Lara Moreno
Lo que comenzó como un procedimiento para regularizar las tierras de campesinos y pescadores de Puerto Arista amenaza con convertirse en un conflicto social de alcance nacional. Las familias de Monte Calvario I acusan que una disputa promovida por Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, empresa relacionada oficialmente con la operación de Farmacias del Ahorro, podría terminar desplazándolas de terrenos que autoridades federales midieron, deslindaron y declararon nacionales después de años de trámites.
La defensa de los posesionarios sostiene que el caso representa una grave injusticia agraria y advierte que de ejecutar la sentencia en los términos que actualmente se discuten podría generar enfrentamientos entre comunidades, particulares y pobladores de un ejido vecino.
“Se puede generar un conflicto social fuertísimo, con enfrentamientos y hasta muertes”, advirtió el equipo jurídico de las familias durante una entrevista.
El riesgo no es menor; Monte Calvario I tiene una superficie aproximada de 128.6 hectáreas y fue ubicado mediante un procedimiento técnico desarrollado directamente en el terreno. Los especialistas de la SEDATU acudieron físicamente al inmueble en distintas ocasiones, realizaron trabajos de medición y deslinde, notificaron a los propietarios o poseedores colindantes, para que manifestaran su conformidad con lo que se estaba haciendo.
Como resultado de estos trabajos es indudable la posición territorial de monte calvario I y no es un dibujo elaborado para el juicio, sino de actuaciones administrativas y trabajos de campo documentados en el expediente de SEDATU, de tal manera lo anterior, que dicho terreno tiene por colindantes: el ejido General Lázaro Cárdenas (al norte); la zona federal del océano Pacífico (al sur); al oriente: Azariel Espinoza González y José de Jesús Monroy Figueroa, con calle de por medio; y al poniente: Rey David Ruiz Vázquez.
Sin embargo, años después, Comercializadora Farmacéutica de Chiapas obtiene una sentencia de amparo número (expediente 315/2019-III), emitida por el Juzgado Décimo de Distrito, en materia administrativa de la ciudad de México, confirmada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado de circuito en materia administrativa de la ciudad de México, expediente 65/2021.
El motivo de la sorpresa e inconformidad de los afectados -según su defensa- es que ambas sentencias resuelven que la empresa consiguió ese reconocimiento judicial sin que haya quedado demostrado de manera incontrovertible que las propiedades descritas en su escritura se encuentran físicamente sobre Monte Calvario, mucho menos al norte de este.
“Si se contrapone el procedimiento mediante el cual SEDATU identificó y declaró el terreno nacional con la escritura presentada por la farmacéutica, se advierte que sus colindancias no coinciden en absoluto”, afirmaron los abogados.
En este sentido,“las pruebas documentales y periciales aportadas por la farmacéutica en el juicio de amparo tampoco demostraron que se tratara del mismo espacio físico”.
“Los dictámenes fueron elaborados esencialmente en gabinete: los peritos no acudieron al lugar para identificar físicamente los inmuebles de la empresa, no verificaron los límites señalados en su escritura ni localizaron o entrevistaron a sus supuestos colindantes. Simplemente trazaron un polígono sobre un plano y afirmaron que ahí se encontraba el predio denominado ‘El Zapotal’, sin demostrar documentalmente cómo llegaron a esa ubicación y los tribunales, sospechosamente, les dieron la razón”, destacaron.
Una empresa poderosa frente a campesinos y pescadores
La controversia enfrenta a familias que llevan más de una década intentando obtener certeza jurídica sobre las tierras que ocupan contra una sociedad mercantil con capacidad económica para sostener litigios, contratar especialistas y recurrir a distintas instancias judiciales.
La propia defensa subraya la disparidad económica entre las partes: de un lado, una estructura empresarial; del otro, familias cuyo patrimonio principal es la tierra donde viven y trabajan.
“Estamos hablando de personas que no tienen recursos para sostener procedimientos interminables contra estructuras empresariales de este tamaño, dueñas de muchas farmacias en todo el país”, reprocharon los representantes legales.
La defensa incluso cuestionó la contradicción social que observa detrás del caso: “Qué contradictorio sería que una empresa que vende salud termine vinculada a un conflicto donde campesinos puedan ser golpeados o desplazados”.
El punto débil: ¿dónde está realmente El Zapotal?
La farmacéutica sustenta sus derechos en la escritura pública 39,709, de febrero de 2014, mediante la cual recibió dos inmuebles denominados El Zapotal.
Uno tiene una superficie de 152-59-37 hectáreas. Respecto del segundo, la operación comprendió una fracción de 68-56-20.82 hectáreas. Pero las colindancias consignadas en esos títulos no corresponden, según el análisis aportado por la defensa, con las verificadas por Sedatu para Monte Calvario.
Además, la escritura no contiene coordenadas geográficas, vértices ni cuadro de construcción capaces de ubicar inequívocamente los terrenos sobre el polígono en disputa.
De acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso, las colindancias del primer inmueble son: Al norte: José Zardain Villegas; Al sur: Alfredo D’Argence Morell; Al oriente: Puerto Arista; y Al poniente: poblado Ignacio Allende.
Respecto del segundo inmueble: Al noreste: otro predio denominado “El Zapotal”; Al suroeste: Océano Pacífico; Al sureste: Puerto Arista y prolongación del bulevar de Puerto Arista o lote 33-A; y Al noroeste: terrenos del ejido Ignacio Allende.
Por lo anterior, los representantes de los campesinos lanzan un desafío directo:
“Que nos digan dónde está el terreno, cuáles son sus colindancias, cuáles son sus coordenadas y dónde están sus marcas físicas”.
Y agregaron: “Que hagan su apeo y deslinde. Que diga: aquí empieza mi propiedad, aquí termina, éstos son mis colindantes, éstas son mis coordenadas. Si lo demuestra, nosotros tendremos que reconocerlo”.
Peritajes abrieron la puerta al amparo
El conflicto adquirió una dimensión increíble cuando el citado juez de amparo concedió la protección constitucional y ordenó modificar la declaratoria de terreno nacional, tomando como apoyo dos pruebas llamadas de agrimensura.
La primera elaborada por el arquitecto Azael Wilbert Molina Díaz dentro de una carpeta de investigación 0083-097-0701-2019, tramitada ante la Fiscalía de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Tonalá, Chiapas, con motivo de una denuncia de Farmacéutica por supuesto despojo.
Los abogados apuntan, que aunque le denominaron “dictamen de agrimensura”, el propio documento indica que no se hizo levantamiento de terreno, es decir solo se utilizó un equipo de cómputo, el Google Earth y el programa AutoCAD, para la elaboración de los planos, para ello, el propio perito dice que tomó como base el dictamen técnico de SEDATU de 4 de septiembre de 2017 que obra en el expediente administrativo 831455.
Ante esto, los abogados apuntaron que “si fue de gabinete y solo usó el trabajo que hizo SEDATU, cómo es que se elaboró el polígono de ‘El Zapotal’, propiedad de la farmacéutica; a partir de qué documento se obtuvo el punto de partida de los limites físicos del terreno, así como sus vértices y las coordenadas, si la escritura no dice nada de esto; es más, cómo es que concluyó que el terreno nacional (Monte Calvario I), está inmerso, en su totalidad dentro de ‘El Zapotal’”
Por otro lado, en el juicio de amparo, hubo otra prueba pericial, a cargo de Héctor Álvarez Salas, perito designado por el propio Juzgado Décimo de Distrito como perito oficial en agrimensura.
Según se puede leer en las sentencias, ese perito revisó el expediente de SEDATU, así como, la declaratoria de terreno nacional, la propia escritura 39,709 de farmacéutica (cuyas colindancias son otras) y el documento que elaboró el primer perito Azael Wilbert Molina Díaz.
Con esta base, afirmó haber ubicado y graficado todos los polígonos en una imagen satelital; practicó levantamiento topográfico y replanteo físico con GPS bajo coordenadas UTM WGS-84; procesado información en CivilCAD y AutoCAD; elaborado cuatro planos y fotografías; y como consecuencia, remitió, sin explicaciones, todo el terreno nacional al norte de su verdadera posición, justo encima del ejido Lázaro Cárdenas y dijo, sin argumento alguno que hay traslape de 13,993.99 metros cuadrados entre el terreno nacional (encimado sobre el ejido Lázaro Cárdenas) y el ZAPOTAL, en un clásico “quítate, para ponerme yo”, según lo manifestado por los propios afectados.
Dos peritajes, dos terrenos distintos
La contradicción que más preocupa a la defensa está justo en los resultados. Por un lado, el estudio de Azael Molina concluyó prácticamente que Monte Calvario estaba completamente dentro de El Zapotal. En cambio, el dictamen oficial de Héctor Álvarez redujo la coincidencia a apenas 1.09 por ciento de Monte Calvario.
El expediente no explica de manera técnica qué modificación produjo una diferencia de tal magnitud: si cambiaron coordenadas, orientación, escala, sistema geodésico o la ubicación del propio polígono, es decir, el dictamen oficial de Héctor Álvarez, que uso datos de Azael Molina, sin ninguna explicación, saca el terreno nacional que estaba inmerso en el Zapotal y lo manda al norte, provocando un aparente traslape de cerca de 13,993.99 metros cuadrados.
“Es una burla, porque uno dice que Monte Calvario está dentro de El Zapotal y otro termina ubicándolo arriba, prácticamente sobre el ejido. Provocando el traslape y la protección de la justicia. No puede haber dos ubicaciones físicas para el mismo terreno”, señalaron los litigantes.
Además apuntaron: “Lo que vemos, es que el Juzgado y el Tribunal Colegiado aceptaron una pericial que desplazó todo el terreno nacional hacia el norte, de forma inexplicable, y lo colocó sobre el ejido General Lázaro Cárdenas y entonces sí, amparar a la farmacéutica, como si el encimar el terreno con el ejido fuera cosa menor. Además, el aventar todo el terreno nacional hacia el norte, es una muestra clara de que el perito oficial jamás fue allá, porque si hubiese estado, se habría dado cuenta que justo al norte del terreno nacional, como lo reconoció SEDATU, está el ejido”
La sentencia podría trasladar el conflicto al ejido
La defensa de los campesinos y pescadores aseguraron que en este caso se mantiene un riesgo de una crisis mayor, ya que la resolución ordena excluir una superficie determinada de Monte Calvario, pero los actos técnicos mediante los cuales Sedatu ubicó el resto del predio no fueron invalidados integralmente.
En este sentido alertaron que, si se conserva el polígono original de Sedatu, Monte Calvario I sigue ubicado entre el ejido y el océano pacífico y con ello se adopta la representación aceptada durante el juicio, el terreno termina desplazándose hacia el norte, justamente sobre tierras del ejido General Lázaro Cárdenas.
Ante esto, significaría que un litigio originalmente planteado entre los posesionarios y una empresa privada podría involucrar ahora a terceros cuyos terrenos no fueron objeto directo del juicio.
“Entonces resulta que los colindantes que SEDATU entrevistó, midió y reconoció durante años ya no existen. Eso no tiene lógica”, reclamaron los abogados.
Por su lado, los afectados reconocen que esto también es un problema muy grande de SEDATU, “porque ellos si hicieron su trabajo bien. Ellos estuvieron acá, tenemos más de 17 años viéndolos ir y venir. Midiendo, platicando con los dueños de los predios vecinos.”
“Imagínense -señalan-, que para cumplir la sentencia, tengan que poner todo Monte Calvario I, que si existe, encima del ejido, solo porque unos peritos que nunca vinieron, ni hicieron el trabajo que si hizo SEDATU, se inventaron que aquí hay un terreno llamado ZAPOTAL y lo pusieron en unos planos y ya”, externaron.
“Un día va a pasar una desgracia”
Para los habitantes, la controversia dejó de ser un pleito sobre papeles. La defensa asegura que existen antecedentes de intentos de desalojo, amenazas y agresiones contra representantes de los posesionarios, ya que en el lugar, advierten, viven familias completas.
“Hay niños, señoras, padres, ancianos. Un día va a pasar una desgracia”, alertaron.
El equipo jurídico teme que una diligencia judicial o intento de toma de posesión pueda detonar una confrontación cuya dimensión rebase Puerto Arista, particularmente si el conflicto termina incorporando tierras ejidales y movilizaciones campesinas.
Desde esa perspectiva, sostienen que el caso podría escalar a un conflicto agrario y social de repercusión nacional, no solamente por el número de familias involucradas, sino por enfrentar a campesinos y pescadores contra intereses empresariales y por poner bajo cuestionamiento la actuación de autoridades administrativas, peritos y órganos judiciales.
Piden a Claudia Sheinbaum frenar una crisis
Las familias solicitan ahora la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Gobierno federal revise el expediente antes de que el litigio derive en violencia.
Buscan que se investigue la actuación de funcionarios, peritos y autoridades que participaron en el procedimiento y que se determine si las contradicciones obedecieron a errores técnicos, negligencia o alguna conducta deliberada.
“No sabemos si hubo impericia o si alguien se prestó. Eso es justamente lo que tendría que investigarse”, expresó la defensa.
Los campesinos no piden, aseguran sus abogados, desconocer automáticamente los derechos de la empresa. Exigen que ésta demuestre sobre el terreno dónde comienza y dónde termina su propiedad.
La disputa se resume en que Sedatu midió y delimitó durante años un terreno nacional ocupado por familias; posteriormente, una poderosa empresa reclamó esa misma superficie y obtuvo una sentencia favorable a partir de peritajes cuya consistencia técnica es cuestionada por los posesionarios.
Ahora, el cumplimiento de esa resolución va más allá de perder 13 mil 993 metros cuadrados, sino que decenas de campesinos y pescadores que habitan hasta el día de hoy dicho territorio nacional, donde han construido su vida, queden expuestos a un desplazamiento que no encuentra justificación y apoyo en nada, excepto en lo que podría ser una simulación de justicia dada a favor de la farmacéutica dueña de farmacias del ahorro.
“Ellos buscan justicia, que alguien los escuche y no terminar siendo parte de una estadística criminal por defender la tierra”, concluyó la defensa.
