- Nueva ley prioriza prevención, justicia ambiental y restauración ecológica
Carlos Lara Moreno
El Gobierno de México prepara un cambio de fondo en su política ambiental. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que actualizará el marco vigente desde 1988 y colocará la prevención del daño, la restauración de ecosistemas y la justicia ambiental entre sus principales ejes.
Desde Palacio Nacional, durante la Mañanera del Pueblo, Bárcena aseguró que la iniciativa representa un viraje frente al modelo de desarrollo aplicado durante décadas, al considerar que privilegió la rentabilidad económica inmediata por encima de las comunidades y del patrimonio natural.
“Estamos aquí en un día que va a ser histórico, porque en verdad lo que vamos a presentar hoy es una nueva ley”, afirmó.
La funcionaria sostuvo que la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación obligan a modificar las reglas ambientales del país después de casi cuatro décadas.
“Estamos actualizando una ley de 1988, han pasado 40 años”, destacó Bárcena, quien señaló que fenómenos como el cambio climático ni siquiera estaban contemplados cuando se diseñó el marco original.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”
Uno de los planteamientos centrales de la nueva legislación será vincular la política ambiental con el bienestar de las comunidades, particularmente de pueblos indígenas y afromexicanos.
“No puede haber justicia social sin justicia ambiental”, enfatizó.
Bárcena afirmó que el nuevo modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum pretende modificar la relación entre el Estado, las comunidades, las inversiones y la naturaleza, además de brindar mayor certeza jurídica ante conflictos socioambientales.
La iniciativa incorporará herramientas de restauración, reparación y remediación ambiental, además de mecanismos para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y recuperar ecosistemas degradados.
“En la ley anterior, no existía ni restauración, ni reparación, ni remediación”, señaló.
Gobierno busca prevenir daños antes que sancionar
La nueva ley también modificará la forma en que se analizan los grandes proyectos. Bárcena adelantó que se pretende utilizar una evaluación estratégica ambiental previa para identificar impactos antes de que las obras sean ejecutadas.
“Más que sanciones, más que ser punitivos, lo que queremos en esta ley es ser propositivos”, explicó.
La secretaria sostuvo que el objetivo es evitar que grandes desarrollos sean evaluados de manera fragmentada y, en cambio, analizar integralmente las consecuencias ambientales que pueden generar sobre una zona o región.
“Estamos realmente priorizando la prevención antes que reparar”, aseguró.
La propuesta contempla además fortalecer el ordenamiento territorial ante problemáticas relacionadas con desarrollos inmobiliarios, manejo de ríos y crecimiento urbano.
Información ambiental deberá ser pública
Otro de los componentes será ampliar el acceso ciudadano a información relacionada con decisiones, proyectos y políticas ambientales.
“La presidenta nos ha dado instrucciones a todos que la información sea pública, que hagamos todo público”, indicó Bárcena.
La funcionaria argumentó que el acceso a esos datos será fundamental para garantizar la participación ciudadana y el derecho a la justicia ambiental.
La nueva legislación también pretende incorporar conocimientos científicos, innovación tecnológica y herramientas de economía circular, pero combinándolos con los conocimientos tradicionales de las comunidades.
“No podemos hacer ciencia sin reconocer la sabiduría que tienen nuestros pueblos indígenas”, afirmó.
Defensores ambientales tendrán capítulo especial
Bárcena adelantó que la iniciativa contendrá un apartado específico para quienes defienden ecosistemas y bienes naturales.
“Los defensores ambientales. Hay todo un capítulo para los defensores ambientales”, anunció.
Asimismo, incluirá mecanismos para proteger especies emblemáticas como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul, además de impulsar la recuperación de ríos, manglares, costas, playas y barrancas.
“No puede ser que los usemos de basurero”, advirtió al referirse a la contaminación de estos espacios.
Para Bárcena, el cambio jurídico implica reconocer que los ecosistemas constituyen infraestructura indispensable para el desarrollo del país.
“La naturaleza es la infraestructura de la vida, la prosperidad económica y el bienestar”, sostuvo.
La secretaria aseguró que la reforma busca dejar atrás una política concentrada exclusivamente en conservar áreas naturales y avanzar hacia un modelo que también prevenga, restaure y repare, con participación directa de las comunidades.
“El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales”, concluyó.
