- Choferes denuncian presunta estafa por 3 millones de pesos; señalan a dos funcionarios de la SICT de ofrecer placas, permisos y concesiones a cambio de dinero
Nuevo escándalo estalló entre los choferes y permisionarios que trabajan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Un grupo de alrededor de 60 afectados denunció ante los medios una presunta estafa por 3 millones de pesos, que atribuyen a dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Los señalados son Ernesto Bueno Meza, director ejecutivo de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal, y Jorge Sánchez Núñez, enlace de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), quienes, de acuerdo con los denunciantes, los contactaron para ofrecerles nuevas placas y permisos renovados con la promesa de que podrían seguir trabajando en las terminales 1 y 2 del aeropuerto “sin molestias”.
Pero el asunto, dicen, iba más allá. A cada permisionario le habrían solicitado 50 mil pesos con la promesa de obtener una concesión sin tener que participar en los concursos de licitación que establece el gobierno federal.
La mecánica, según los propios afectados, era: 25 mil pesos primero y otros 25 mil después. La primera parte se entregaría junto con la documentación personal del permisionario y los papeles del vehículo, mientras que el resto sería pagado al momento de recibir las placas y la tarjeta de circulación.
Los choferes, quienes pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, aseguran que reunieron el dinero y recibieron instrucciones para entregarlo en un restaurante Vips ubicado sobre calzada Miramontes, al sur de la Ciudad de México. Ahí, afirman, se concretó la entrega de los recursos. Y después, nada.
Los funcionarios, según los denunciantes, simplemente dejaron de responder. No los encuentran, no contestan llamadas y tampoco, aseguran, han podido localizarlos en sus oficinas de la SICT.
Los afectados piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las autoridades encargadas de investigar actos de corrupción. Quieren saber qué ocurrió con su dinero y, sobre todo, quién autorizó o prometió los permisos y concesiones que les fueron ofrecidos.
Pero aquí aparece el nombre de la empresa Casadey, que los operadores aseguran que esta compañía, a la que acusan de operar irregularmente dentro del AICM, ha recibido permisos y placas que presuntamente fueron gestionados por los mismos funcionarios señalados.
Los permisionarios recuerdan que el director del AICM, Juan José Padilla Olmos, ha solicitado en distintas ocasiones a funcionarios de la SICT que no otorguen permisos irregulares a Casadey, debido a los problemas que, según señalan, tendría la empresa para acreditar plenamente su situación legal.
Si los hechos denunciados son ciertos, estamos ante algo mucho más serio que una disputa entre prestadores de servicios. Estaríamos hablando de funcionarios federales que presuntamente utilizaron su posición para cobrar dinero a particulares a cambio de trámites y concesiones que deberían sujetarse a procedimientos perfectamente establecidos.
Por eso la pregunta es obligada: ¿quién va a investigar a los funcionarios señalados y dónde están los 3 millones de pesos que, según los denunciantes, entregaron para poder trabajar?
(Los denunciantes nos hicieron llegar las imágenes)
