• Consulta pública abre nuevas reglas para radio, TV y derechos de audiencias.
Carlos Lara Moreno
El Gobierno de México abrió la consulta pública de los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión, un proyecto que obligará a concesionarios y programadores a diferenciar con claridad las noticias de las opiniones y la publicidad, además de establecer códigos de ética, defensorías de las audiencias y mecanismos de atención a quejas que, en casos de incumplimiento, podrían derivar en multas y sanciones.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la propuesta, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), estará en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto, periodo en el que podrán participar tanto empresas del sector como ciudadanos, radios comunitarias, organizaciones civiles y académicos.
“La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a las telecomunicaciones como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos”, afirmó la mandataria.
Recordó que la emisión de estos lineamientos deriva de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada hace un año, la cual sustituyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“Uno de los grandes cambios es el derecho de las audiencias, que es una petición de hace muchísimos años de la sociedad, porque el derecho a la información es un derecho constitucional del pueblo de México”, sostuvo.
Medios deberán distinguir noticias, opiniones y publicidad
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el proyecto busca restituir y fortalecer los derechos de las audiencias, luego de que la Suprema Corte invalidó en 2022 la reforma de 2017 que había eliminado diversas garantías previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
“Es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública. Son 20 días de consulta… con el objetivo de enriquecerlos, conocer propuestas y que todas y todos puedan participar”, señaló.
Entre las principales obligaciones destacan impedir la difusión de información falsa o descontextualizada y establecer criterios claros para diferenciar los contenidos informativos de las opiniones.
“La responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”, enfatizó la funcionaria.
También subrayó que “no es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata”.
Los lineamientos establecen además que la publicidad deberá identificarse de forma visible para evitar que se confunda con contenido editorial, al tiempo que garantizan el derecho de réplica cuando una persona considere que se difundió información falsa o inexacta que afecte su imagen.
Códigos de ética y defensorías obligatorias
La propuesta obliga a todas las estaciones de radio y televisión a contar con un código de ética, el cual deberá incluir los derechos de las audiencias, los procedimientos para presentar inconformidades, criterios editoriales y el mecanismo para designar a la persona defensora de las audiencias.
“Ese código de ética debe incluir una mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas, criterios editoriales y mecanismos para la designación de las personas defensoras de las audiencias”, explicó Alcalde.
Cada concesionario deberá nombrar al menos una persona defensora de las audiencias, quien actuará con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia para atender las quejas presentadas por el público.
El procedimiento contempla que, tras recibir una inconformidad, la defensoría solicite un informe al medio de comunicación y, si determina que existió una vulneración a los derechos de la audiencia, emita una recomendación.
Incumplimiento podría derivar en multas
Si el concesionario no acata la recomendación de la defensoría, el caso podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
“Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir y, en casos extremos, puede llegar a haber multas y sanciones”, advirtió la consejera jurídica.
Las defensorías dispondrán de un plazo de 20 días para resolver las quejas, mientras que la consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo en el que ciudadanos, concesionarios y especialistas podrán presentar observaciones para enriquecer la versión definitiva de los lineamientos.
