• Tomó protesta José Gerardo Huerta Alcalá, quien estará al frente de esta instancia por un periodo de cuatro años
El Congreso capitalino aprobó la designación de José Gerardo Huerta Alcalá como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.
Al presentar el dictamen, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) expuso que la corrupción es un fenómeno mundial que limita el desarrollo, amplifica las desigualdades y debilita la confianza ciudadana en las instituciones; que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, provoca la pérdida de más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto global, desalienta la inversión, erosiona el Estado de derecho y facilita la expansión del crimen organizado.
“La Ciudad de México ha asumido el compromiso de enfrentar la corrupción con una institucionalidad fuerte, profesional y transparente. La consolidación de esta fiscalía es parte de esa ruta. Representa una pieza clave del sistema local anticorrupción y una herramienta para garantizar el acceso efectivo a la justicia”, indicó.
Relató que el proceso para esta designación fue exhaustivo, público y abierto, al comenzar con la convocatoria emitida por el Consejo Judicial Ciudadano, que evaluó 20 postulaciones para integrar una terna que fue analizada en esta comisión, a través de entrevistas y cédulas de evaluación, que consideraron la autonomía institucional, capacidad de dirección, enfoque de derechos humanos, atención a víctimas, perspectiva de género y experiencia en combate a la corrupción.
“José Gerardo Huerta Alcalá obtuvo la calificación más alta en ese proceso. Su perfil jurídico, su trayectoria profesional y su visión institucional lo acreditan para asumir este encargo con responsabilidad, solvencia y compromiso con la legalidad”, argumentó la diputada Mateos Hernández.
Resaltó que esta fiscalía especializada debe seguir avanzando para investigar con eficacia, actuar con independencia, priorizar a las víctimas y utilizar tecnologías e inteligencia institucional para romper los ciclos de impunidad.
“Combatir la corrupción requiere visión de Estado, instituciones sólidas y perfiles con liderazgo técnico y ético. Con este dictamen reafirmamos que la justicia se construye con procesos legítimos, con reglas claras y con servidores públicos al servicio del interés colectivo. Estamos dando un paso firme hacia un sistema de justicia más transparente, más eficaz y más cercano a la ciudadanía”, concluyó.
