• La reforma a la LGIPE busca vetar candidaturas de perfiles con carpetas por crimen organizado pero Morena y la oposición tienen aspirantes en la mira
Judith Sánchez Reyes
Claudia Sheinbaum va por una limpia.
En mayo de 2026 la presidenta envió al Congreso una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LGIPE.
El objetivo es uno: que nadie con una carpeta de investigación por vínculos con el crimen organizado pueda ser candidato.
Suena lógico. Pero de cara a 2027, la jugada le puede costar caro a varios aspirantes. Incluidos los de Morena.
La iniciativa llega después de meses de escándalos. Nombres que han salido en medios de México y EU y que le han dado dolores de cabeza a Palacio Nacional y ahora también a Ariadna Montiel, la nueva dirigente nacional de Morena.
Por eso el partido ya anunció «filtros». Pero Sheinbaum quiere que sea ley. Para todos.
El caso Quintana Roo: Rafael Marín Mollinedo
A quien fuera titular de Aduanas se le acabó el sueño antes de empezar.
Rafael Marín Mollinedo ya dijo que quiere ser gobernador de Quintana Roo por Morena.
Pero la semana pasada el portal Narcopolíticos publicó que sobre él pesan investigaciones por huachicol fiscal durante su gestión al frente de la ANAM. Habla de millones de pesos y un patrimonio que no cuadra.
El reportaje también señala a Alex Tonatiuh Márquez, su mano derecha en Aduanas. Según el medio, está bajo investigación de agencias de Estados Unidos y ya le revocaron la visa.
No es todo. N+ Focus documentó que Marín escrituró a su nombre un departamento en el séptimo piso del complejo Shark Tower en Cancún. Un edificio de lujo.
El detalle: en ese mismo complejo compraron departamentos personajes vinculados al Cártel Rumano de Florian Tudor.
Esas operaciones están ligadas a Alejandro Arcos, ex secretario particular de Marín. La UIF ya le bloqueó varias cuentas por posibles actividades ilícitas.
En mayo de este año, justo Arcos registró la marca ‘Rafael Marín’ ante el IMPI. El paso previo para lanzar la campaña a gobernador.
Con la reforma de Sheinbaum, esa aspiración quedaría muerta.
El caso Baja California: Ismael Burgueño
El alcalde de Tijuana ya se registró en Morena para coordinar los Trabajos de Defensa de la 4T en Baja California.
Salió a decir que la FGR ya lo exoneró.
Pero el escándalo no se borra tan fácil.
En noviembre de 2025 se dio a conocer que Burgueño estuvo bajo investigación de la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.
¿Por qué? Por su cercanía con Fernando Rafael Salgado Chávez, empresario señalado por el Departamento del Tesoro de EU como operador financiero del CJNG.
De acuerdo con Paco Zea en Imagen Televisión, la acusación se basó en la asignación directa de contratos millonarios del Ayuntamiento de Tijuana a empresas vinculadas con figuras del crimen organizado.
Burgueño quiere ser gobernador. La ley de Sheinbaum se lo impediría.
El caso Nuevo León: Adrián de la Garza
El alcalde de Monterrey lleva años construyendo su proyecto. Quiere la gubernatura.
Pero carga una mochila pesada.
En junio, Morena y Movimiento Ciudadano lo denunciaron por abuso de funciones en el caso Next Energy. Un contrato de más de 7 mil millones de pesos para una planta solar que nunca se hizo.
También hay querellas por el presunto manejo irregular de más de 400 millones de pesos del sistema de seguridad C4.
Y no para ahí. Organizaciones de derechos humanos documentaron casos de tortura y desaparición forzada durante su paso como procurador de Nuevo León.
Compite directo contra Tatiana Clouthier por Morena y contra Mariana Rodríguez Cantú de MC, la esposa de Samuel García.
La reforma lo dejaría fuera de la boleta.
El caso Tamaulipas: José Ramón Gómez Leal
El senador de Morena quiere gobernar Tamaulipas.
Pero tiene un problema llamado huachicol fiscal.
Un informe de la SSPC lo liga con el presunto contrabando de 144 millones 508 mil 856 litros de combustible que entraba por la aduana de Matamoros.
Según Reforma, ese informe ya está en la carpeta de investigación que abrió la FGR. El combustible entraba declarado como «solución de cloruro de calcio» para evadir al fisco.
Gómez Leal es uno más en la lista.
¿Limpia o filtro político?
La propuesta de Sheinbaum pone el dedo en la llaga. Casos como Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Enrique Inzunza y Marina del Pilar en Baja California ya exhibieron que el problema es transversal.
Morena dice que pondrá candados. La oposición grita que es persecución.
La realidad es que si pasa la reforma, varios sueños de 2027 se van a caer. De todos los colores.
La pregunta es: ¿Esta ley realmente limpiará la política o solo servirá para quitar del camino a los incómodos?
Tiempo al tiempo.